Opinión enviada por asociado del Instituto de Comunicación Social, Rodrigo Moulian Tesmer, para ser compartida a través de nuestros medios. Para comentarios, esta publicación también está disponible en el foro de conversaciones.

EN TORNO A LAS POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL PÚBLICO DE LA GESTIÓN UNIVERSITARIA.

Estimados colegas, los interrumpo para compartir con ustedes un par de reflexiones ante algunos puntos sensibles que han llamado la atención de la comunidad universitaria los últimos días.  La denuncia de posibles situaciones de nepotismo, intereses cruzados en la administración de recursos, falta de control en el uso de los mismos hacen evidente cuán poco hemos avanzado en materia de transparencia administrativa. La opacidad de la gestión de los recursos ha sido un tema largamente cuestionado por diversas instancias de nuestra comunidad y la institucionalización de políticas de transparencia, un punto permanente en las reivindicaciones del sindicato de docentes.  Resulta paradojal que esta discusión se reactive por interés de la Contraloría institucional de investigar a quien ha presentado una denuncia sobre malas prácticas en la gestión universitaria. No es la primera vez que algo similar sucede.

Recordemos el caso de nuestro ex colega, ya retirado, Jorge Santamarina. Jorge advirtió la existencia de conflictos de interés en procesos de acreditación de carreras de nuestra universidad, que contrataban los servicios de la agencia Akredita, propiedad de un integrante de la misma corporación, Manfred Max Neef.  Como su planteamiento no fue escuchado internamente y la conducta se hizo persistente, el colega realizó una denuncia ante la Comisión Nacional de Acreditación. Como consecuencia de ello, recibió una querella en su contra por el delito de injurias, patrocinado por la Universidad. El propio denunciante se vio denunciado, en una situación que resulta intimidatoria a las posibilidades de ejercer el control público de la gestión institucional.  El tiempo demostraría que Jorge Santamarina tenía razón, pues la CNA validó su denuncia y sancionó la existencia de un conflicto de interés. Esperemos que el curso de estos acontecimientos no se repita en este caso. Las autoridades deben comprender que el escrutinio de su gestión es parte inherente a los cargos de responsabilidad. Todo aquel que tenga antecedentes de irregularidades o contravención a los principios de la sana administración tiene el deber de presentarlos ante las instancias correspondientes.

Otro rasgo perturbador del ejercicio del poder es la discrecionalidad de los actos.  Estas semanas hemos asistido a un hecho, hasta donde yo conozco, inédito en la gestión de esta rectoría. Me refiero a la impugnación de los resultados del proceso de promoción académica, porque éste afectaba los intereses de un miembro del equipo de rectoría. Sabemos que el Reglamento de Carrera Académica vigente tienes muchas falencias y que afecta las posibilidades de promoción de académicos que tienen méritos destacados, debido a que este instrumento no valora sus antecedentes de manera pertinente y contextualizada. A mi entender, si alguien tiene méritos destacados y exhibe un desempeño sobresaliente, con demostrada excelencia en dos de las dimensiones de la vida académica, como son la gestión y la investigación, ello debería ser condición suficiente para ser promovido a primera categoría. Si los méritos se exhiben en tres de las dimensiones, incorporando en su quehacer la vinculación con el medio, el punto me parece indiscutible.

No obstante, el problema aquí no es lo que yo piense, sino lo que plantea el reglamento que opera con un modelo de académico multidimensional, donde se espera que la persona exhiba méritos destacados en todas las dimensiones de la vida académica. Nos hemos cansado de decir que ello no es connatural a la condición humana ni pertinente al actual contexto universitario sobre-especializado. Estamos de acuerdo en que el caso puede resultar injusto en la valoración de méritos que se exhiben con exceso, pero nos encontramos ante una situación de injusticia estructural que ha afectado a cientos de colegas, no ante una situación puntual. Por lo mismo, nos alarma la discrecionalidad de la autoridad, que actúa sólo cuando se afecta a su grupo de colaboradores y que atiende al caso cuando debería atender a las causas del mismo, que se encuentran en una normativa que no termina de ser modificada.

Las preguntas aquí son cuándo, cómo y por qué se hacen las excepciones para intervenir en esta situación, porque si la excepción no se hace regla, se vuelve una práctica de privilegio. Cuándo habíamos visto al rector interviniendo en las actuaciones de la Comisión de Adscripción y Promociones que afectan o benefician la carrera académica del común denominador de nuestros colegas. Si esta vigilancia fuera la regla, lo aplaudiríamos, pero no ha sucedido así.  No es aceptable que se deba ser amigo del rector o miembro de su equipo para que esto ocurra, porque entonces se empiezan a corporizar los fantasmas de los intereses de familia y la ‘cosa nuestra’, es decir, la defensa de interés particularizado, cuando hay un problema que afecta a alguien del clan o grupo de poder. Repito, a mi juicio es indudable que en este caso de adscripción académica ha ocurrido una anomalía, pero ella no es una excepción, sino expresión de un problema estructural, como es la inadecuación de las normas a la realidad institucional.

En este contexto, por su función estratégica, corresponde acelerar la modificación del reglamento de carrera académica.  Del mismo modo, es indispensable avanzar el desarrollo de políticas de transparencia universitaria, que hoy sólo tienen un carácter nominal. Para ello se requiere fortalecer los mecanismos de control público de la gestión. Si bien Contraloría es un ente autónomo, en términos administrativos, por las relaciones de comunidad profesional de los abogados que trabajan allí y conveniencia de las buenas relaciones es difícil imaginar una acción contralora sobre las decisiones de las máximas autoridades y su círculo de relaciones. Para ello se requiere no sólo facultades, sino una decisión política y un respaldo político que, por definición, las instancias puramente administrativas no tienen.   En esta perspectiva, nuestra institucionalidad debería procurarse instancias de control alternativas, que funcionen en paralelo y de manera contrastante. Una posibilidad es establecer una instancia tri-estamental de control de procesos institucionales, con recursos para contratar a profesionales del área jurídica y con facultades de investigación y denuncia, la que responda a la comunidad universitaria, representada en los sindicatos y organizaciones estudiantiles.

No puede ser que una institución, como la nuestra, que asume y reivindica una función pública y gestiona recursos del Estado continúe siendo administrada como una empresa privada, con los resguardos de información y formas de toma de decisiones semejantes a los de un negocio de familia.  Más importante que el reproche es la oportunidad que esta situación ofrece para avanzar en torno a estas materias estratégicas como son las políticas de transparencia y control público. Si se sabe aprovechar esta coyuntura para asumir estos temas pendientes, tanto las autoridades de turno como la Universidad podrán salir fortalecidas.